DR1 - President Hipólito Mejía speech

President Hipólito Mejía speech - August 15th, 2002

Pueblo dominicano:

Hace dos años asumí el mando de la Nación y el compromiso de conducirla hacia un nuevo progreso, interpretando la esperanza de la gente.

Dije entonces, que tomaba el compromiso de administrar con sano equilibrio los destinos del país, y que lo hacía con el firme propósito de sustituir la desesperanza y el abandono de las grandes mayorías por una política que propiciara la inversión en la gente.

Sano equilibrio, acción e inversión para atacar de frente la pobreza.

Ésa es mi filosofía de Gobierno: un Gobierno responsable, vigoroso y progresista. Eso, y no otra cosa, es Un Gobierno al Servicio de la Gente.

No un Gobierno populista, sino responsable, capaz de reestablecer y cuidar los equilibrios macroeconómicos, el orden público y la cohesión social.

No un Gobierno indiferente, que simplemente espera de brazos cruzados la reactivación automática de los mercados, sino activo y facilitador para abrir nuevas oportunidades a la acción de la iniciativa privada, creando empleos y acceso a nuevos bienes de consumo.

No olvidemos, sin embargo, las piedras que el Gobierno encontró en el camino hace dos años, entre ellas, un serio déficit fiscal, que amenazaba con quebrar la estabilidad macroeconómica.

Como si esto fuera poco, nubarrones muy oscuros definían la situación externa.

Los vientos de la recesión que se avecinaba en la principal economía del mundo, y la sacudida generada por el aumento de los precios del petróleo, pronosticaban un ambiente recesivo para la América Latina y el Caribe.

Todos los dominicanos conocen las medidas que nos vimos precisados a tomar para evitar el descalabro económico.

Y todos conocen también, los primeros resultados de esas medidas.

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todo el pueblo dominicano, el respaldo que nos ha ofrecido en nuestros primeros dos años de Gobierno, lo cual quedó evidenciado en los resultados de las pasadas elecciones del mes de mayo.

Nuestro pueblo es juicioso y solidario. Cuando se le explican los problemas y la necesidad de adoptar medidas correctivas, la comprensión y el respaldo no se hacen esperar.

Por eso, a pesar del entorno internacional desfavorable, hemos mejorado, y vamos a seguir mejorando.

Yo les digo que debemos mejorar y vamos a mejorar.

Pecaría de populista y vendedor de ilusiones, si les dijera que la situación externa que hoy enfrenta nuestro país, es más alentadora que la que recibimos hace dos años.

Nadie debe olvidar, que a la situación externa que heredamos, se agregó el desaliento de la economía mundial, causado por los ataques terroristas del 11 de septiembre.

El ambiente externo que heredamos, en vez de mejorar, se ha deteriorado.

La mayoría de las economías latinoamericanas están siendo castigadas de tal manera por el entorno internacional, que algunos han comenzado a vislumbrar una nueva década perdida para la América Latina.

Lo anterior ha llevado a la CEPAL, a pronosticar que el Continente experimentará una caída de 1% en el Producto Interno Bruto durante este año.

Como preámbulo, el desempleo en la región alcanzó en el primer semestre del 2002, su nivel máximo en los últimos 22 años. Así es, el nivel más elevado de los últimos 22 años.

Agréguese a esta panorámica de expectativas adversas, la enorme perdida de riqueza de los norteamericanos al desplomarse los precios de las acciones en la bolsa de valores.

Esta pérdida de riqueza podría llevar a los consumidores de ese país a restringir su demanda, lo que se traduciría en menores exportaciones para los países de la América Latina y el Caribe.

Después de crecer mas de 5% en el primer trimestre de este año, la economía norteamericana apenas creció un 1% en el segundo trimestre.

El dólar se ha devaluado en un 15% con relación al euro.

El escenario petrolero tampoco es alentador. El 16 de agosto de 1998, al cumplirse los dos primeros años de la pasada administración, el precio del barril del petróleo era de 13 dólares. Hoy día, al cumplirse nuestros dos primeros años, es de 28 dólares, 115% más elevado.

Ante esa panorámica, los dominicanos no podemos cruzarnos de brazos. Vivimos en una isla pero no vivimos aislados.

Es cierto que nuestra economía fue la de mayor crecimiento de toda la América Latina y el Caribe durante el primer semestre del 2002, con un crecimiento superior al 6%.

También es cierto que hemos logrado mantener la estabilidad de precios, pues la inflación acumulada en los primeros seis meses de este año apenas fue de 2%.

También es cierto que mientras la inversión extranjera directa se desplomó en 40% en la América Latina y el Caribe, durante el primer semestre del 2002, en nuestro país creció en casi 8%.

También es cierto que mientras muchos países del Continente vieron desplomar el valor de sus monedas, en el nuestro la depreciación del peso se ha mantenido en niveles aceptables, al registrar un 7%, que representa cerca de la mitad de la devaluación del dólar frente al euro.

Como vemos, aunque el panorama externo es muy desfavorable, la República Dominicana ha logrado lidiar mejor con la crisis externa que el resto de los países del Continente.

Y eso se debe a que fuimos precavidos y tomamos decisiones oportunas. En vez de esperar que las cosas se complicaran en la economía mundial, ejecutamos desde el inicio de esta administración, las reformas que nos permitieron estar mejor preparados para enfrentar los retos de un entorno internacional adverso.

Pero es hora de que pongamos atención no sólo en los frutos del árbol del crecimiento, sino también, el mayor cuidado en la salud del tronco y las raíces. Porque la adversidad externa, lamentablemente, no ha cedido.

Es por eso que debemos actuar con cautela, con mucha cautela. Como decía un viejo amigo de Gurabo, “en medio del ciclón, ya no hay tiempo para recoger los trastes”.

Debemos reconocer que crecer al 6%, con un ambiente externo que impide sustentar el crecimiento a través de un aumento de las exportaciones de bienes y servicios, constituye un objetivo insostenible.

Es obvio que el crecimiento económico del 2002, ha sido estimulado por un aumento de la demanda interna más allá de lo recomendable.

No es por casualidad que durante el primer semestre de este año, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, aumentó en más de 250 millones de dólares, provocando una pérdida de reservas de magnitud similar.
Frente a una situación como la descrita, hay dos opciones:

O dejamos que las cosas sigan como van y la resaca nos amargue el 2003, o nos esforzamos todos, para adecuar nuestros gastos y nuestros ingresos, a niveles compatibles con la sostenibilidad financiera de la Nación.

No olvidemos que el estancamiento de la economía mundial y los efectos recesivos adicionales provocados por los acontecimientos del 11 de septiembre, han tenido un impacto negativo sobre los ingresos de divisas generados por el turismo y las zonas francas.

En el primer semestre de este año, los ingresos del turismo y las zonas francas fueron inferiores en 300 millones de dólares a los del mismo período el año pasado.
Si los ingresos que recibe el país bajan, los gastos deben bajar.

Si los gastos no se reducen, el déficit produciría una pérdida de reservas, una devaluación de la moneda, una presión para obtener financiamiento externo adicional o una combinación de los resultados anteriores.

Hay que ser responsable, con la economía no se juega.

Para evitar que el déficit externo alcance niveles insostenibles, el Poder Ejecutivo ha considerado que la alternativa más sana es elevar el ahorro interno del sector público, a través de un recorte del gasto y un aumento de las recaudaciones fiscales.

Por ello impartí instrucciones a la Secretaría de Finanzas, a la Dirección de Presupuesto y a la Tesorería Nacional, para que a partir de este mes se recorten las asignaciones a todas las entidades centralizadas y descentralizadas del Gobierno para el pago de servicios personales, servicios de comunicaciones, gastos de publicación, viáticos, transporte y otros.

Las medidas de recorte adoptadas generarán un ahorro en el gasto del Gobierno Central ascendente a mil 600 millones de pesos en lo que resta del año.

Si este primer esfuerzo no es suficiente, que no le quepa duda a nadie, los recortes de gastos continuarán.

He prohibido también contraer nuevos compromisos o deudas con suplidores de bienes y servicios, incluyendo préstamos y avales bancarios, si los mismos no son autorizados por la Secretaría de Finanzas.

Todas estas medidas están orientadas a elevar el ahorro del sector público, con lo cual reduciremos la presión excesiva sobre las cuentas externas.

Pero el crecimiento del déficit de la cuenta corriente no ha sido responsabilidad exclusiva del sector público.

El sector privado también se ha excedido en su gasto, a pesar de una política monetaria restrictiva, que a través del aumento de la tasa de interés, perseguía reducirlo.

El exceso del gasto privado resalta, al observar el crecimiento de casi 14% de las importaciones nacionales no petroleras, cuando en el mismo período han caído en 8% los ingresos de exportaciones nacionales, de zonas francas y turismo.

Acompañando el recorte en el gasto público, va un conjunto de rectificaciones en el sistema tributario, destinadas a corregir distorsiones que fueron introducidas en la reforma del 2000. Esas distorsiones erosionaron la capacidad recaudatoria que se perseguía con la reforma.

¿A qué distorsiones me refiero?

A las siguientes:

La ley tributaria vigente establece que si un trabajador compra un pasaje aéreo, paga un Itbis de 12%. Lo paga y no tiene cómo deducirlo.

En cambio, si quien compra el pasaje es un empresario a través de su empresa, esta lo paga y luego lo deduce del Itbis a liquidar por la venta de sus productos. El empresario, en la práctica, está exento.

¿Es esto justo y equitativo?

Lo mismo pasa con el pago del servicio telefónico. Los hogares pagan un 12% de Itbis y no tienen como deducirlo. En cambio las empresas lo pagan y luego lo deducen, quedando en la práctica exentos del Itbis.

¿Es eso justo y equitativo?

Lo mismo se verifica para los seguros, las comidas en restaurantes, los gastos en hoteles, y todos los demás servicios que fueron incluidos en la base del Itbis en la reforma de diciembre del 2000.

Lo anterior revela que en el sistema tributario actual, el Itbis sobre los servicios es pagado únicamente por las personas, los trabajadores, y los hogares. Las empresas y los empresarios no lo pagan.

Esto lo vamos a corregir.

El otro punto que vamos a corregir es el carácter transitorio del 1.5%. Este impuesto mínimo es la contribución que el Gobierno y la sociedad les piden a las empresas del país para que todos, así es, TODOS, podamos disfrutar de los beneficios del crecimiento y la modernización.

La Ley vigente establece que este impuesto se eliminaría a final del 2003. Si permitimos su eliminación, abriríamos las puertas para que las 3 mil 300 empresas que se pasaron años, óiganlo bien, años, declarando pérdidas para evadir al fisco, vuelvan a hacerlo a partir del 2004.

El 1.5% ha sido un pilar fundamental en el aumento de las recaudaciones. En este año reportará ingresos por 5 mil millones de pesos.

Téngase en cuenta que ese aporte de 5 mil millones de pesos lo harán empresas que este año venderán 335 mil millones de pesos.

Como se ve, el sacrificio es pequeño.

Con los ingresos del anticipo de 1.5%, hemos podido aumentar el apoyo a las familias más pobres del país, incluyendo las 50 mil madres que hoy reciben el subsidio directo de 300 pesos mensuales.

Con esos ingresos también aumentamos la inversión en salud y en educación, que es lo mismo que invertir en el futuro, para que nuestras empresas disfruten de un mercado laboral más capacitado y de un mayor numero de consumidores con mayor capacidad de compra.

A los empresarios que se oponen a la permanencia del 1.5%, les pido que reflexionen sobre este tema, pues con este aporte están contribuyendo al mantenimiento de la paz social que necesitan sus empresas para seguir haciendo negocios en el país.

Ese dinerito va y seguirá yendo a los pobres.

Hemos eliminado también el incentivo de evadir el impuesto sobre el consumo de combustibles, que se produce cuando éstos se desvían para usos diferentes al de la electricidad.

Que nadie olvide que el dinero de ese impuesto es para pagar la deuda externa, no para que unos vivos traten de sacarse la lotería sin haber comprado billetes.

También planteamos una reducción drástica del impuesto confiscatorio a la herencia.

Si sus padres fallecen y le dejan una herencia, Impuestos Internos les cobra un 17% de lo heredado.

Las familias de altos niveles de ingreso evaden este impuesto creando empresas, con lo cual heredan acciones, que no son gravadas por este impuesto.

Las familias menos afortunadas no pueden escapar a este pago.

Por eso, vamos a reducir este impuesto del 17% a sólo 3%.

A los que no se acogieron a la amnistía fiscal, porque argumentaban que el impuesto sobre la herencia no se había reducido, les estamos dando oportunidad adicional para que puedan hacerlo.

El proyecto liberará del pago de los impuestos sobre transferencia de bienes inmobiliarios, a las familias dominicanas cuando tomen un préstamo en los bancos para comprar una vivienda.

Hasta ahora, esta exención se permite únicamente si el préstamo es tomado en las asociaciones de ahorros y préstamos.

Con esta reforma, perseguimos ampliar el abanico de ofertas de financiamiento para la compra de una vivienda, y constituye una de las medidas fundamentales en este Año Nacional de la Vivienda.

El proyecto de rectificación arancelaria, acogiendo las sugerencias de decenas de empresas que presentaron sus casos ante la Comisión de Estudios Arancelarios, modifica cerca de 20 partidas arancelarias, a la mayoría de las cuales se les ha reducido el arancel que actualmente pagan, con el objetivo de mejorar la competitividad de esas empresas.

Pero estos beneficios, no los resaltan los medios de comunicación cuando se refieren al llamado paquetico.

Los recortes de gastos que hemos adoptado, conjuntamente con los ingresos adicionales que generará la aprobación de la Rectificación Tributaria fortalecerán las finanzas públicas, elevarán el ahorro interno y contribuirán a moderar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Pero también los incentivos que ofrece la ley beneficiarán a muchos dominicanos.

Espero que en las discusiones que tienen lugar en el Congreso Nacional en busca de un consenso en torno a este proyecto, todos los participantes, incluyendo a los lideres empresariales, los congresistas del Gobierno, actúen con serenidad y responsabilidad y eviten anteponer los intereses particulares y partidarios, a los intereses de las grandes mayorías nacionales.

Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar al país, que estoy solicitando al Congreso Nacional, para fines de evaluación rigurosa, por parte de la Comisión que revisa los préstamos externos, la devolución de l6 préstamos externos para viviendas, agua y hospitales, entre otros, por un total de mil 45 millones de dólares.

Estoy también impartiendo instrucciones al Secretario Técnico de la Presidencia para que descarte todos los proyectos de préstamos que se encuentran en esa dependencia.

En el caso de la vivienda, para no tener que depender del endeudamiento externo, estamos adoptando medidas que movilizarán el ahorro interno hacia la construcción de viviendas populares.

Hemos tomado la decisión de estimular la participación del sistema bancario y de otras empresas privadas, en proyectos de viviendas populares en los cuales el subsidio del Gobierno, se otorga a través de la donación de los terrenos donde se construyen.

Este esfuerzo del Gobierno y del sector privado hace posible que las viviendas populares lleguen a precios económicos y con planes de financiamiento a largo plazo. A la fecha ya hemos acordado con el sector privado la construcción de 13 mil viviendas.

Voy a referirme ahora, brevemente, a la estrategia que estamos siguiendo para resolver de una vez y para siempre, el problema más serio que arrastra nuestro país. La crisis del sector eléctrico.

Sobre este tema se ha hablado tanto, se han hecho tantas promesas, que hubiera preferido tratarlo cuando estuviera finalmente resuelto.

Pero aunque no esta resuelto, hemos avanzado bastante y la gente tiene derecho a saber en que punto estamos.

Ya hemos renegociado 6 de los 7 contratos que heredamos con los productores privados independientes, mejor conocidos como IPPs. Con esto eliminaremos una pérdida anual de mil 200 millones de pesos que afecta a la CDE.

He dispuesto también que en lo adelante, las empresas distribuidoras cobren directamente a las entidades del Gobierno y le corten la luz a las que no paguen su factura. Con esta medida, reducimos el déficit financiero de la CDE en otros 192 millones de pesos al año.
Esta estrategia incluye además, la negociación con las empresas distribuidoras para completar el proceso que dará lugar a la sostenibilidad financiera del sector.

En las próximas semanas, hablaré nuevamente al país, para anunciar las medidas y acciones que adoptaremos, para resolver el problema de la electricidad y los irritantes apagones.

Este es un Gobierno responsable. Pero es también un Gobierno humano, decididamente humano. Por eso, el esfuerzo que reclama en lo económico tiene un claro objetivo en lo social: combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de miles y miles de hombres y mujeres, que todavía ven disminuidas sus esperanzas de progreso.

Es fundamental que ustedes conozcan las iniciativas en el área social que ejecutaremos en lo que resta del 2002 y a principios del 2003.

No queremos una burocracia que se alimenta de lo que habla en nombre de los pobres: estamos en la República Dominicana, no en el País de las Fantasías.

Tenemos que alentar sólo a una burocracia que se justifique por su eficiencia en la lucha contra la pobreza.

Por ello, he dispuesto que en el Presupuesto del 2003 todas las asignaciones a entidades vinculadas al Programa de Lucha contra la Pobreza, sean integradas en un Fondo de Inversión a ser administrado por el Gabinete Social, lo que permitirá elevar la calidad, coherencia y cobertura de la acción social del Gobierno.

No se llega lejos en la lucha contra la pobreza con programas dispersos.
Es por eso que hemos adoptado una estrategia basada en programas integrados que transfieren beneficios siempre y cuando los beneficiarios cumplan con acciones que contribuyan a reducir la pobreza.

Así surge, por ejemplo, el contrato social que hemos firmado con las madres pobres que reciben los 300 pesos, atados a la vacunación y asistencia escolar de sus niños.

Asimismo he instruido al Gabinete Social extender este principio a todos los otros programas de inversión social focalizada.

En ese sentido, ampliaremos en los próximos días la cobertura del Programa de Tarjeta Social, llevándolo de 50 mil a 100 mil madres pobres que reciben los 300 pesos mensuales.

Elevaremos de 245 mil a medio millón, el número de niñas y niños que recibirán gratis uniformes y zapatos escolares.

Hemos decidido también ampliar el programa de mejoramiento de viviendas a través del vaciado de pisos de cemento en 44 mil viviendas con pisos de tierra en la zona rural y 36 mil en la zona urbana.

La meta que nos hemos trazado es erradicar de todo el territorio nacional los pisos de tierra en viviendas, antes de que termine la presente administración.

Estas acciones sociales se agregarán a todo el esfuerzo que actualmente ejecuta el Gobierno en el ámbito de la inversión social en salud, educación, alimentación, vivienda, infraestructura productiva, niñez, microcrédito, medio ambiente y recursos naturales.

En todos estos campos, podemos mostrar con satisfacción, en estos dos años de Gobierno, un conjunto de realizaciones muy superior al ejecutado por la anterior administración en sus cuatro años de ejercicio.

A manera de ilustración me permito mencionar las 10 mil 400 aulas escolares construidas y reparadas en estos dos años de Gobierno.

También las 2 mil Casas Infantiles Comunitarias que hemos habilitado y equipado con capacidad para atender el próximo año a 120 mil niños en edad de 3 a 4 años.

También los 23 nuevos centros de Educación Técnico Profesional a nivel medio y la construcción de 8 nuevos politécnicos con una inversión de 222 millones de pesos.
También la entrega de 3 millones 462 mil libros, además de 200 mil uniformes y pares de zapatos a estudiantes pobres, sólo en este año.

En estos dos años de Gobierno hemos realizado grandes inversiones dirigidas a recuperar la calidad de los servicios de salud ofrecidos en nuestros hospitales públicos con lo que hemos contribuido a elevar la calidad de vida de nuestra población.

En proceso de construcción se encuentran 89 consultorios periféricos con el objetivo de descongestionar los hospitales y acercar los servicios médicos a las comunidades.

También se encuentran en fase final de construcción 15 hospitales de 20 y 30 camas en pueblos del interior. Además de 30 clínicas rurales y un moderno hospital regional para la zona Sur, en la provincia de Azua.

Pero sin dudas, que la obra más importante de este Gobierno en el campo de la salud y la seguridad social es la aplicación de la Ley de Seguridad Social.

El Gobierno y sus instituciones responsables están trabajando a toda capacidad para poner en ejecución los programas que garantizarán servicios de salud gratuitos a toda la población necesitada del país como lo establece la Ley de Seguridad Social, a partir del próximo año.

En apoyo al productor agropecuario y a la economía familiar, el INESPRE ha realizado 3 mil 850 mercados de productores beneficiando a 57 mil 950 agricultores y 5 millones de consumidores.

Estos mercados de productores se han efectuado en adición a 5 mil 167 operativos de venta directa de productos de la canasta familiar.

Por su parte los Comedores Económicos del Poder Ejecutivo han entregado 40 millones de raciones alimenticias a familias de escasos recursos e instituciones de carácter social, en todo el territorio nacional.

La mejor demostración del éxito de la política agrícola que hemos ejecutado es haber reducido las importaciones de bienes agropecuarios de consumo, que en el cuatrienio del Gobierno anterior promediaron los 150 millones de dólares anuales, habiéndose reducido a menos de 100 millones anuales en estos 2 años.

En el caso del arroz cuya importación alcanzó los 135 millones de dólares en los 4 años del gobierno anterior, en estos 2 años, además de eliminarse las importaciones, tenemos un excedente acumulado de 5.9 millones de quintales en almacenes.

La importación de leche y sus derivados ha experimentado un comportamiento similar. En el año 2000, el país importó 115 millones de dólares. Esta importación se redujo a 83 millones de dólares en el año 2001 y en el primer semestre del presente año sólo se han importado 42 millones de dólares como resultado de la política de incentivo a la producción lechera nacional.

Ahora, esos más de 2 mil millones de pesos que se iban fuera del país, sólo por concepto del arroz, y los más de 500 millones de pesos anuales por concepto de importación de leche, circulan en nuestros campos y comunidades agrícolas.
Pero estos resultados no son obra de la casualidad. El Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos ha invertido en estos 2 años de gobierno más de 4 mil millones de pesos en construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de riego del país.

Eso se llama invertir en el desarrollo de los sectores productivos de la Nación.

Eso se llama trabajar por la competitividad del país.

En el campo de la vivienda hemos terminados 20 mil 283 unidades entre casas y apartamentos. Asimismo, hemos mejorado 96 mil 271 viviendas para un total de116 mil 554 soluciones habitacionales en estos dos años.

En cuanto a la infraestructura de carreteras, calles y edificaciones públicas del país hemos invertidos 13 mil 300 millones de pesos en estos 2 años de gestión.

Se han construidos y están en proceso de construcción mil 65 kilómetros de carreteras y autopistas.

Además hemos reconstruidos, pavimentados y están en proceso de construcción mil 900 kilómetros de calles y avenidas.

También hemos construido y rehabilitado 6 mil 300 kilómetros de caminos vecinales.

Nuestro Gobierno está realizando un ambicioso programa de inversión pública para dotar de agua potable a todas las comunidades del país.

En estos dos años hemos desembolsado alrededor de 4 mil millones de pesos a través del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo para mejorar el suministro de agua en la capital y muchas de las comunidades del país, como es el caso de la Línea Noroeste cuyo acueducto fue iniciado a principio de este año, después de décadas de espera.

Sólo en los acueductos de la zona Oriental de Santo Domingo y Brujuelas y Casuí, hemos desembolsado mil 547 millones de pesos en estos 2 años, de un total de 3 mil millones que costarán dichos trabajos. Obras que resolverán el problema del agua en los próximos 30 años a los habitantes de esa pujante zona.

Además la CAASD ha invertido 433 millones de pesos, en estos 2 años, en ampliación de redes y mejoramiento del sistema de distribución de agua en distintos sectores de Santo Domingo.
Por su parte el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados ha terminado o están en vía de terminarse en los próximos 180 días, 102 importantes acueductos y 355 obras menores que suministrarán agua y dotarán de alcantarillado sanitario a importantes comunidades de la geografía nacional.

Las obras que he mencionado son apenas una muestra de lo que hemos realizados en estos 2 años.

Hemos hecho mucho, pero todavía falta mucho por hacer.

Pueblo dominicano,

No sólo el Poder Ejecutivo ha estado esforzándose por mejorar la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas.

Los demás poderes del Estado exhiben realizaciones dignas de resaltar. Por ejemplo, el afianzamiento de la independencia del Poder Judicial, así como su reforma y modernización, han sido uno de los grandes logros del actual período gubernamental, hasta el punto de que es considerado como un modelo a seguir en otros países de Ibero América.

Por su parte el Congreso saliente tuvo el mérito de tomar decisiones trascendentales para el país y despejar las cuestiones más controvertidas sobre las reglas de la competencia por el poder político.

El nuevo Congreso que se inicia mañana tendrá retos muy importantes para continuar con el proceso de modernización institucional del país.

Encuentra en la agenda heredada proyectos de reformas tan importantes como el Código Monetario y Financiero y La Ley de Rectificación Tributaria.

Pero deberá también debatir y decidir sobre las vías más transparentes y efectivas para estimular la participación de la gente en las decisiones públicas.

Los tiempos modernos reclaman mayor participación, desconcentración, descentralización, eficacia y eficiencia.

La Agenda del nuevo Congreso no debería dejar fuera estos temas, pues ya registramos atrasos con relación al resto del mundo. Y el mundo moderno no espera a los que vacilan.

Termino mis palabras con la visión que tengo sobre la recomposición del panorama político nacional, luego de la salida de los tres liderazgos que consolidaron nuestra cruzada hacia la democracia.

El Siglo 19 estuvo marcado por la conquista de nuestra Independencia; el Siglo 20, por la conquista de nuestra Democracia.

En ambos siglos, estas grandes conquistas han estado vinculadas a grandes patriotas: la Independencia y la Restauración, a Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. La Democracia, a José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch y Joaquín Balaguer.

Estos tres gigantes del Siglo 20 que ya no están con nosotros, tuvieron una fundamental característica en común: en los momentos decisivos, prefirieron siempre el camino del entendimiento al camino del enfrentamiento.

Pero también, nunca antepusieron los intereses particulares o partidarios, a los intereses de la Nación.

La estabilidad política del país, dependerá en gran parte, de cuan efectivos seamos en mantener una competencia abierta y transparente de sus organizaciones políticas.

La existencia en la actualidad de tres fuerzas políticas predominantes fomenta el diálogo, estimula acuerdos de grandes mayorías, y pone un freno a las tendencias de una polarización estéril.

La capacidad de llegar a grandes acuerdos y consensos, ha pasado a ser una condición ineludible de la gobernabilidad democrática de los pueblos.

Peña Gómez, Bosch y Balaguer interpretaron en lo más hondo a sectores sociales distintos de la Nación Dominicana, pero con intereses que siempre apuntaron hacia el progreso y la modernidad.

La competencia entre los partidos políticos del país nos obliga a poner ese interés, el interés dominicano de progreso y modernidad, por sobre todos los otros intereses particulares.

Por eso la competencia partidaria debe ser constructiva, no destructiva.

Debemos proteger a todas nuestras organizaciones políticas, pues ellas representan un activo valioso para nuestra democracia y por tanto, para la Nación, en los tiempos que vivimos, y en los tiempos que vendrán.

¿Qué aspiración tengo para mi país?

Que seamos una Nación respetada y respetable.

Con creciente igualdad y dignidad de toda su gente.

Autosuficiente en materia alimentaria y ambiental.

Un atractivo para el turismo y un refugio de paz.

Una plataforma mundial, moderna y eficiente para los servicios y las actividades productivas.

Un país competitivo en su producción, serio en sus reglas, y responsable en sus decisiones democráticas, tanto ante sus inversionistas como ante los consumidores de todo el mundo.

Y sobre todo para su gente. Para toda su gente. Sean del partido que sean, del color que sean, de la religión que sean.

Esa es mi visión del futuro dominicano: un futuro que se abra al mundo, para que resalte en el mundo por su humanidad. Así es, por su humanidad.

Esa es mi visión del futuro: un futuro humano, abiertamente humano.

Que Dios nos bendiga a todos los dominicanos y dominicanas.

Muchas Gracias.
Hipólito Mejía
Agosto 15 del 2002